YERNO DE MAGISTRADO CSJ. Según la Fiscalía el yerno del magistrado Ovidio Bonilla, es uno de los procesados y estaría interesado en favorecerlo con el traslado del juez especializado de San Miguel.
La Fiscalía General de la República denunció ayer que dos magistrados y tres jueces están ejerciendo presión para beneficiar a imputados señalados de pertenecer a una estructura transnacional, integrada por 183 personas capturadas en julio del año 2014 y cuya fase procesal está en la recta final con una vista pública que fue programada en tres etapas.
German Arriaza, director fiscal de la zona oriental, dijo que uno de los magistrados está queriendo afectar el debido proceso de forma directa y otro lo hace de manera indirecta. No mencionó nombres, pero una presentación del caso en formato power point donde aparece la estructura conocida como “Conexiones”, resalta el nombre del magistrado de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ovidio Bonilla, suegro del abogado José Julián Flores Arias, quien es prófugo en este caso, luego de las medidas alternas a la detención que le impusieron en agosto de 2014.
“Tenemos información confiable de la intervención de un magistrado de manera directa y de otro magistrado de forma indirecta, un juez de menores, un juez especializado de sentencia y un juez de vigilancia”, expresó Arriaza.
Estos funcionarios judiciales según la Fiscalía, están interesados en que el juez especializado de Sentencia de San Miguel, Roberto Enmanuel Campos, sea trasladado de manera urgente bajo una supuesta solidaridad que dicen mostrarle debido a problemas de salud del juez.
De generarse ese traslado, el caso “Conexiones” será conocido por un nuevo juez quien llegará a hacerse cargo de un complejo expediente sin haber mediado la prueba de investigación contra esta estructura transnacional conformada por fiscales, policías, abogados, empleados del órgano judicial y municipales, señalados de 63 hechos delictivos con un total de 17 delitos.
Este juicio del caso “Conexiones” que comenzó el pasado 30 de mayo, en el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, se dividió en tres etapas de un mes cada una.
En la primera se conocieron los delitos cometidos por 127 integrantes de la Pandilla 18 distribuidos en 13 canchas a nivel nacional del grupo de los sureños, dirigido por José Timoteo Mendoza, alias, “El Chory” cabecilla nacional de esa pandilla procesada por 32 homicidios, nueve proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, cuatro casos de robo, seis hechos de extorsión, tres homicidios tentados, un feminicidio, tres divulgaciones de datos o imágenes de personas protegidas y un tráfico de objetos prohibidos en centros penales.
En la segunda etapa se enjuiciará a 61 imputados por delitos relacionados a 18 casos de droga, una organización de presuntos narcotraficantes dirigida por José Enrique Torres, que infiltró instituciones del sistema judicial, Fiscalía y Policía.
La tercera etapa se conocen los delitos de corrupción entre ellos cohecho activo, cohecho propio, simulación de influencias y fraude procesal contra 11 abogados, cuatro empleados judiciales y cinco personas particulares.
127 Pandilleros
que ya fueron enjuiciados por varios delitos, desde homicidios hasta robo.
20 Abogados,
fiscales y policías enjuiciados por delitos de corrupción en perjuicio de la administración de justicia.